Consejo de Estado: la cantidad de decretos de De la Espriella no es ilegal por sí sola

El presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, afirmó que la expedición de un alto número de decretos por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella no vulnera por sí sola el Estado de derecho.

Montaña explicó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo puede revisar la constitucionalidad y legalidad de los decretos que no tengan fuerza material de ley. Cuando sí la tienen, esa competencia corresponde a la Corte Constitucional. Sus declaraciones se produjeron durante su participación en el Congreso de la Andi en Cartagena, en un panel moderado por el director de La FM, Juan Lozano.

“Entonces, no necesariamente la cantidad supone una afectación a un Estado de derecho. Lo importante es que estén enmarcados en la Constitución y la ley, si no tienen esa fuerza material de ley”, señaló el magistrado. De esta manera, el Consejo de Estado anticipó cómo responderá ante uno de los primeros focos de tensión institucional del nuevo mandato presidencial.

El alto tribunal también situó otros dos frentes de presión sobre la justicia: el aumento de tutelas y el avance de procesos por corrupción. En cuanto a las tutelas, la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, advirtió que la corporación activó un plan de choque y pidió apoyo al Consejo Superior de la Judicatura. La meta es normalizar la situación para febrero de 2028, ya que el incremento se debe principalmente a conflictos asociados al sistema de salud.

Meneses recordó que la tutela fue incorporada por la Constitución de 1991 para proteger derechos fundamentales, pero hoy registra un marcado aumento. “El número tan grande de tutelas lo que está mostrando es la necesidad de abordar este problema con medidas de fondo y estructurales”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, se centró en la lucha contra la corrupción. Destacó los avances en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se registraron imputaciones, condenas, allanamientos, preacuerdos y principios de oportunidad.

Lenis subrayó que los controles judiciales forman parte del funcionamiento ordinario del sistema penal y que la corrupción ha perfeccionado mecanismos para eludirlos, lo que obliga a fortalecer las instituciones. El encuentro de los presidentes de las altas cortes dejó una defensa común de la independencia judicial y de los controles institucionales frente a las decisiones del Ejecutivo.